Hay una pregunta que los grandes medios colombianos nunca quieren que usted se haga. No es sobre economía, ni sobre seguridad, ni sobre salud pública. Es una pregunta anterior a todas esas: ¿quién decide lo que usted sabe? Porque si no sabe quién controla la información que recibe, tampoco puede saber si esa información es verdadera — o si es una narrativa diseñada para que vote por alguien específico.

Ese es el punto de partida del más reciente programa de El Cuadrante Alfa, emitido en vivo el viernes 20 de febrero. Un programa que desmonta, con nombres propios y documentos en pantalla, el oligopolio mediático colombiano — y que termina con una advertencia urgente sobre lo que puede ocurrir el 8 de marzo si los jurados de votación obedecen sin cuestionar la instrucción del Registrador Nacional de dejar casillas vacías en los formularios E-14.

Para entender por qué la prensa colombiana cubre las campañas como las cubre, hay que empezar por el principio: saber a quién le pertenece cada micrófono, cada titular, cada franja de opinión.

Esta no es una lista de curiosidades. Es la razón por la que ciertos candidatos existen en los noticieros y otros no existen. Es la razón por la que ciertas denuncias se amplifican y otras se entierran. Los dueños de los medios son los mismos que se benefician o pierden según quién gobierne. No hay imparcialidad posible cuando el que paga la nómina del periodista es también el que necesita que cierta política económica se apruebe.

El sesgo no solo se ejerce con mentiras. La forma más efectiva de manipular una elección no es publicar falsedades — es decidir quién tiene tiempo en pantalla y quién no. En la cobertura pre-electoral de cara al 8 de marzo, ese patrón es claro: algunos candidatos aparecen en todos los espacios, con tiempo generoso y preguntas amables. Otros, sencillamente, no existen para esos medios.

Pero hay algo más. No basta con saber que el Grupo Ardila es dueño de RCN. Hay que saber también quién habla desde esos micrófonos. Juan Lozano, exministro del gobierno Uribe y excongresista del Partido de la U, hoy dirige La FM. Néstor Morales, cuñado del expresidente Iván Duque, dirige Blu Radio. María Consuelo Araújo, exministra de Relaciones Exteriores de Uribe, aparece como panelista para juzgar al gobierno actual. Héctor Riveros, demandante del decreto de salario mínimo, es analista habitual de Blu Radio.

Y el diario El Tiempo, propiedad del Grupo Aval — cuyos bancos son los principales financiadores de campañas electorales — tiene como columnista estrella a Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical. Eso no es pluralismo. Es un consejo de administración disfrazado de redacción.

La FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa), que debería vigilar todo esto, es cofundada por Pachito Santos y financiada por el Grupo El Tiempo y por USAID. Cuando el gobierno Trump recortó los fondos de USAID hace un año, la FLIP perdió visibilidad. El watchdog que cuida la prensa también es de ellos.

Hay una investigación que ningún medio hegemónico colombiano hace — y que nadie se pregunta por qué no se hace. ¿Quién financia las campañas políticas en Colombia? La respuesta incómoda es la misma que ya conocemos: los bancos. Los mismos que son propietarios de los medios de comunicación.

En la Costa Caribe la compra de votos es un hecho documentado elección tras elección. Las vallas del Partido Conservador, del Partido Liberal y de Cambio Radical cubren las carreteras del país. Las del Pacto Histórico, prácticamente no existen. Esa inequidad en el acceso al crédito para campañas no es un accidente — es parte del mismo sistema que controla quién informa y quién es invisible.

Tampoco hay investigación sobre los dineros no muy limpios que entran a algunas campañas. Ese silencio no es casual: es estructural. El periodismo de veeduría solo se ejerce sobre quienes no pagan la pauta.

Si usted es jurado de votación el 8 de marzo, lo que sigue es lo más importante que puede leer antes de ese día.

Los jurados de votación son servidores públicos transitorios. Eso significa que ejercen una función pública — pero también que, en mayoría dentro de su mesa, tienen discrecionalidad para decidir cómo van a proceder en el diligenciamiento del formulario E-14. No existe ninguna ley que les prohíba expresamente llenar con una X o un asterisco las casillas que queden en cero.

Si el Registrador o un delegado aparece a presionarles, a decirles que les va a mandar la Policía o la Procuraduría si llenan esas casillas — recuerde: ese formulario lo firma usted. Esa firma estará en los registros por los próximos años. Si más adelante se encuentran irregularidades, es su firma la que responde. Haga bien su trabajo. Tómese el tiempo que necesite. No entregue un cheque en blanco.

El Cuadrante Alfa no pretende neutralidad. La neutralidad fingida es, en sí misma, una forma de tomar partido — porque equipara lo documentado con lo no documentado, la denuncia con la negación, el hecho con la especulación.

Lo que este programa defiende es verificable: la estructura de propiedad de los medios colombianos es pública. Los fallos del Consejo de Estado son documentos judiciales. Las anomalías reportadas por la MOE están en su propio sitio web. No es ideología. Es registro.

El ciudadano colombiano que entra a una cabina de votación el 8 de marzo tiene derecho a dos cosas: a que su voto cuente exactamente como lo marcó, y a que la información que recibió antes de marcarlo haya sido honesta. Ninguna de esas dos cosas está garantizada hoy. Pero ambas dependen, en parte, de que la ciudadanía sepa lo que está pasando.

Para eso existe El Cuadrante Alfa. Para eso existe este programa.