Lo que Colombia vivió en las últimas semanas no fue producto del azar ni de la naturaleza. Fue el resultado de decisiones deliberadas, intereses económicos sin escrúpulos y una institucionalidad que mira hacia otro lado cuando los poderosos actúan. En nuestro más reciente programa, abordamos dos hechos que sacudieron al país: la tragedia humanitaria provocada por el embalse de Urrá en el departamento de Córdoba, y la polémica decisión judicial que suspendió temporalmente el decreto de aumento del salario mínimo.
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## La Tragedia del Sinú: Un Desastre Fabricado
Durante meses, gremios energéticos y grandes medios de comunicación construyeron una narrativa de pánico: Colombia estaba al borde de un apagón técnico. Andesco, Caracol Radio, RCN y otros actores del establecimiento mediático repitieron sin cesar que los embalses estaban secos, que el gas escaseaba, que las tarifas debían subir. La realidad, sin embargo, era exactamente la opuesta.
Mientras sembraban el miedo, los operadores del embalse de Urrá llenaban la represa más allá de los límites permitidos. El objetivo era claro: especular con el precio de la energía en un contexto preelectoral, presionar por nuevos contratos y consolidar intereses económicos que ya se beneficiaban de importar gas a precios inflados —en algunos casos, pagando hasta 17 dólares por metro cúbico cuando el mercado internacional ofrecía condiciones muy distintas.
No contaban con las lluvias atípicas que llegaron del hemisferio norte. Cuando el frente frío colapsó sobre la costa norte del país, la represa llegó al límite. Para salvar el negocio, abrieron las compuertas. El río Sinú desbordó. Las comunidades río abajo, muchas de ellas indígenas que durante décadas advirtieron sobre este riesgo y fueron silenciadas —en parte por la violencia paramilitar que dominó la región—, quedaron inundadas.
La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) confirmó lo que el gobierno de Gustavo Petro ya señalaba: hubo negligencia comprobada en el manejo del embalse. Y sin embargo, las cortes y entes de control, que hoy se ocupan de suspender decretos laborales o tumbar candidaturas, permanecen silenciosas frente a esta especulación financiera con consecuencias humanitarias. El presidente Petro lo dijo con claridad en su consejo de ministros: los mismos terratenientes y sus socios armados que construyeron la gobernanza paramilitar en Córdoba ahora piden que los pobres paguen por las crisis que los ricos produjeron.
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## El Auto del Salario Mínimo: Una Suspensión Política con Disfraz Jurídico
El segundo tema que analizamos en el programa fue la decisión de un magistrado del Consejo de Estado que, mediante medida cautelar, suspendió el decreto que aumentó el salario mínimo en un 23% —incluyendo el auxilio de transporte— para el año 2025.
Lo primero que hay que decir con claridad: el decreto no fue tumbado. Sus efectos continúan vigentes. Los trabajadores siguen cobrando el salario aumentado. Lo que el magistrado suspendió fue el texto del decreto, ordenando al gobierno motivarlo mejor jurídicamente. Pero la campaña mediática de la oposición no tardó en intentar convertir esa suspensión técnica en una victoria política.
Lo que resulta llamativo es la selectividad de la justicia. El mismo Consejo de Estado que actúa con celeridad frente a un aumento salarial no ha revisado el alza desmedida del gas, ni el incremento de las tarifas de Transmilenio, ni ninguna de las medidas que golpean directamente el bolsillo de los colombianos más vulnerables. La pregunta que surge es inevitable: ¿a quién protege realmente esta institucionalidad?
El gobierno tiene la posibilidad de emitir un nuevo decreto con mejor motivación jurídica, incluso incorporando los datos de inflación de enero de 2026, y mantener el 23% de aumento. Lo que no puede perderse de vista es el patrón: la oposición ha desplegado una estrategia sistemática de demandar todo lo que expida el ejecutivo, y el aparato judicial le abre la puerta con facilidad. Por otro lado, los datos desmienten la tesis de que subir el salario mínimo dispara la inflación: durante los dos últimos aumentos del gobierno Petro, la inflación decreció y el consumo de los hogares mejoró.
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Estos dos hechos, aparentemente separados, comparten una lógica común: la de un establecimiento que usa todos los instrumentos a su disposición —económicos, mediáticos y judiciales— para defender sus intereses frente a un gobierno que intenta redistribuir poder y bienestar. La ciudadanía tiene la última palabra, y esa palabra se ejerce informándose, cuestionando y votando con consciencia.
*Este es El Cuadrante Alfa, un espacio libre de opinión.*
