Bombas y Catecismo
Empecemos por lo más grave. Un juzgado de familia en Bogotá le ordenó al gobierno de Abelardo de la Espriella —que cumple su primer mes— abstenerse de bombardear objetivos donde exista información verificable de que hay menores de edad. La orden llegó después de que murieran adolescentes en un operativo en el Guaviare. Diecinueve congresistas ya radicaron moción de censura contra el ministro de Defensa. Y el gobierno anunció que apelará. Ese es el primer hecho. Hay tres más, y todos dicen algo sobre el país que se está armando.
El programa 244 del Cuadrante Alfa abrió con una frase que resume el momento y que le da nombre a esta edición: «En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de las bombas que nos caerán. Amén». No es una burla a la fe de nadie: es la constatación de que este gobierno combina dos lenguajes —el militar y el religioso— para gobernar un Estado que la Constitución define como laico y obligado por el derecho internacional humanitario. Y en la primera semana de septiembre esos dos lenguajes se manifestaron con toda claridad.
Con Mónica en el panel, aquí están los cuatro hechos que marcaron la semana: la orden judicial que le prohíbe al gobierno bombardear donde haya menores y su conexión con la salida de la Corte Penal Internacional; el cambio de ministra de Educación a los veintiocho días; la decisión de la Alianza Verde de declararse independiente en vez de oposición; y el viaje de Gustavo Petro a México a dictar conferencias sobre los peligros de la democracia.
Doblemente víctimas: reclutados por unos, bombardeados por el Estado
El hecho más grave tiene fecha y expediente. 04:42 Según el contexto noticioso, el jueves 3 de septiembre el Juzgado 34 de Familia de Bogotá, a cargo de la jueza Viviana Arciniegas Gómez, ordenó como medida provisional dentro de una acción de tutela que la Presidencia y las Fuerzas Militares se abstengan de realizar operaciones aéreas ofensivas contra objetivos donde exista «información cierta, objetiva o razonablemente verificable» sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados por grupos armados.
La decisión llegó después de que Medicina Legal informara que tres adolescentes —dos de 15 años y uno de 16— murieron en una operación militar contra disidencias de las FARC en zona rural de El Retorno, Guaviare, el 27 de agosto. Menos de un mes antes se había reportado otra víctima adolescente en un bombardeo en el Catatumbo. Diecinueve congresistas de oposición radicaron moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, exigiéndole explicar qué información tenían las autoridades antes del operativo.
Y aquí está la tesis central del programa, dicha con toda claridad: esos menores son doblemente víctimas. Primero, porque los grupos armados los reclutan —y eso es un delito que debe judicializarse—. Segundo, porque el Estado colombiano los bombardea. Que haya menores en esos campamentos es una falla del Estado: es porque el Estado no llegó allá con escuela, salud y oportunidades. Y en eso han fracasado todos los gobiernos, empezando por el actual y hacia atrás. Según la Defensoría del Pueblo, entre 2024 y el 31 de julio de 2026 se conocieron 1.173 casos de reclutamiento de menores en Colombia.
— Andrés Balaguera · Min 05:52
El doble rasero, otra vez
El programa señala también la cobertura. Mientras algunos titulares celebraban que «por fin se retomaron los bombardeos», conviene recordar que en el gobierno anterior también los hubo, ordenados por Petro en coordinación con su ministro de Defensa, y que también hubo casos con menores de por medio por los que ese gobierno tendrá que responder. 05:28 ¿Y cómo tendrá que responder Iván Duque, que llamó «máquinas de guerra» a esos menores? ¿Y Santos, y Uribe, y de ahí para atrás?
Ese es el punto que le da coherencia al análisis: estos son delitos que se le imputan al Estado colombiano, a través de su presidente como comandante supremo y de su ministro de Defensa. La responsabilidad no cambia de naturaleza según quién esté en la Casa de Nariño. Aquí se le exige lo mismo a todos.
Salirse de la Corte es quitarse la prohibición
Y aquí los dos temas se conectan, que es el aporte más agudo del programa. 10:07 El derecho internacional humanitario, incorporado al ordenamiento jurídico colombiano por el bloque de constitucionalidad, contiene la prohibición de la tierra arrasada. Eso significa que la superioridad aérea es legítima, pero que el bombardeo debe ser quirúrgico, milimétrico, preciso. No se pueden lanzar bombas indiscriminadamente como en una película.
¿Y qué pasa si Colombia se sale de la Corte Penal Internacional, como ordenó Donald Trump y como este gobierno viene tramitando? Que nos estaríamos quitando de encima esa vigilancia externa. La pregunta que deja el programa es dura pero pertinente: sin CPI, ¿qué impide que mañana se ordene bombardear escuelas o conventos? ¿En qué se diferenciaría entonces el Estado colombiano —obligado a respetar el DIH— de los grupos armados que no lo respetan?
El gobierno, por su parte, anunció que apelará la orden judicial. Según el contexto noticioso, el ministro del Interior Rodrigo Lara sostuvo que respetan los fallos pero que estos también pueden ser criticados, y calificó de «excesivamente amplio» el criterio de la jueza. El presidente había dicho que la ofensiva «no se detendrá mañana ni la próxima semana».
Cambio de ministra en 28 días, sin cambio de agenda
El segundo hecho es un récord que la prensa no está tratando como escándalo. 31:54 Viviane Morales renunció al Ministerio de Educación a los 28 días de haber asumido —la salida ministerial más rápida registrada en la historia reciente de Colombia—. La carta, fechada el 31 de agosto y efectiva desde el 7 de septiembre, alega «una situación familiar inesperada». El presidente aceptó la renuncia destacando su amistad de larga data con la exministra.
Y su reemplazo, anunciado el 2 de septiembre, es Ilva Myriam Hoyos: abogada del Rosario, doctora en Derecho por la Universidad de Navarra, exdecana de Derecho y directora del Instituto de Humanidades de la Universidad de La Sabana. Pero el dato que más importa para entender la continuidad es otro, y lo consigna La Silla Vacía: fue procuradora delegada para la Familia durante el mandato de Alejandro Ordóñez.
Sobre su mentor, el programa recuerda un hecho que el propio Alejandro Ordóñez ha reconocido públicamente: que quemaba libros, y que lo hacía como acto religioso y patriótico. Ese es el linaje político de la nueva ministra, y es información pública relevante para evaluar quién dirigirá la educación del país.
El programa recordó además una controversia atribuida a Hoyos en 2014, cuando se le denunció por elaborar presuntamente un listado de parejas del mismo sexo que habían adoptado. El panel lo trajo a colación como antecedente de la orientación que se espera de su gestión, sin que exista un fallo que lo haya establecido.
Y hay un punto de fondo que el programa subraya. 48:00 Aquí nadie propuso una «batalla cultural». Ese término no lo instaló la izquierda ni la ciudadanía: lo instaló la derecha, lo usó Abelardo de la Espriella en campaña y lo usó Uribe en su momento. Nombrar a un ministro de Educación para librar una batalla cultural en los colegios no es política educativa: es usar la escuela pública como campo de una disputa ideológica que el Estado laico tiene prohibido tomar partido.
La Alianza Verde elige el centro del camino
El tercer hecho ocurrió el mismo 3 de septiembre. 35:44 La Dirección Nacional de la Alianza Verde se reunió para definir su postura frente al gobierno y, tras una votación, se impuso la independencia sobre la oposición por 34 votos contra 8. Lo anunció el representante Mauricio Toro con una frase que quedó: «somos independientes, no neutrales». El partido dijo que acompañará las iniciativas que coincidan con sus principios y ejercerá control político sobre las que considere contrarias a los derechos y la Constitución.
Para el Cuadrante Alfa esto es lo que viene llamando desde hace tiempo la política homeopática: la tibieza de quienes no se comprometen con nada. Y el análisis es más contundente si se mira quién quedó dónde. Con este movimiento, el tablero quedó así:
| Posición | Quiénes |
|---|---|
| Gobierno | Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical, Salvación Nacional, Creemos y La U (que se declaró oficialista el 2 de septiembre) |
| Independientes | Alianza Verde |
| Oposición | Pacto Histórico |
| Pendiente | Partido Liberal, con voces internas que empujan hacia el bloque oficialista |
Dentro del propio partido hubo resistencia. El senador Ariel Ávila —el mismo que impulsó sin éxito la candidatura de Guillermo Rivera en la elección del CNE que analizamos la semana pasada— advirtió antes de la votación que la Alianza Verde representa banderas medioambientales, animalistas y de derechos de minorías, y que ese gobierno amenaza casi todas ellas: «tenemos que ser coherentes», dijo. Ocho dirigentes, entre ellos Antonio Sanguino, pidieron declararse en oposición. Perdieron.
— Andrés Balaguera · Min 36:16
Petro en México: la democracia que no defendió cuando pudo
El cuarto hecho cierra el círculo. 43:11 Gustavo Petro viajó a México, se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum y dictó charlas y conferencias sobre los peligros que corre hoy la democracia en América Latina. Un diagnóstico que, según el programa, es correcto. El problema es el remitente.
Porque esos son exactamente los mismos peligros que él, siendo presidente hasta hace un mes, no quiso atender. Y aquí el programa pone el ejemplo más elocuente: la prioridad del gobierno Petro en materia de contratación estatal fue el negocio de los pasaportes, no el sistema electoral. Si de verdad quería quitarle un negocio a un contratista, señala el análisis, el que debió intervenir era el electoral. Esa batalla —la que sí habría cambiado las reglas del juego democrático— nunca se dio. Se gastó energía, recursos y hasta un canciller en la otra.
Un país donde nadie está defendiendo a nadie
Los cuatro hechos de esta semana parecen inconexos y no lo son. Un gobierno que bombardea campamentos donde hay adolescentes y que, cuando un juez le ordena tomar precauciones, responde que apelará y que la ofensiva no se detiene. Ese mismo gobierno tramitando la salida de la Corte Penal Internacional porque se lo pidió Washington, es decir, desmontando el control externo justo cuando más lo necesitaría. Ese mismo gobierno nombrando en Educación a una funcionaria formada en la escuela de un procurador que quemaba libros, para librar en los colegios públicos una «batalla cultural» que ningún colombiano votó. Puestas en fila, las tres decisiones dibujan un proyecto coherente: menos límites, menos vigilancia, más doctrina.
Y sobre lo de los menores hay que ser especialmente claros, porque es donde el debate se ensucia rápido. Nadie sensato discute que reclutar niños es un crimen y que los grupos armados deben responder por él —la Defensoría contabilizó 1.173 casos en poco más de dos años—. Pero esa culpa no borra la otra. Un Estado que bombardea sabiendo que hay menores en el objetivo está fallando dos veces: primero por no haber llegado nunca a esos territorios con escuela, salud y oportunidades, y después por resolver con bombas lo que no supo resolver con presencia. Esos muchachos son víctimas de quienes los reclutaron y de quienes los bombardearon. Y esa doble condición no depende de qué gobierno esté en el poder: aplica para Abelardo hoy, aplicó para Petro ayer y aplica para Duque, Santos y Uribe hacia atrás. La prohibición de la tierra arrasada no es un capricho de jueces: es lo único que distingue a un Estado de un grupo armado.
Lo más desolador, sin embargo, es la tercera y la cuarta noticia juntas. Porque frente a un gobierno que avanza con esa determinación, lo que hay al frente es un vacío. La Alianza Verde —el partido de las banderas ambientales, animalistas y de derechos de minorías, todas amenazadas por esta agenda— decidió por 34 votos contra 8 que no será oposición sino independiente, dejando al Pacto Histórico solo en esa orilla mientras La U, el Centro Democrático, los conservadores, Cambio Radical y Salvación Nacional cierran filas con el Ejecutivo. Ariel Ávila tenía razón cuando pidió coherencia antes de la votación: no se puede defender a las «nuevas ciudadanías» desde la equidistancia. La independencia, en un momento así, es una forma elegante de no estorbar.
Y del otro lado, el expresidente que tenía la obligación de blindar el sistema electoral y prefirió pelear por los pasaportes, hoy dicta conferencias en México sobre los peligros que corre la democracia latinoamericana. El diagnóstico es acertado; la autoría, ausente. Aquí no se hace porra de ningún lado, y por eso la pregunta con la que cierra este programa no tiene destinatario partidista: si el gobierno bombardea, si el Congreso acompaña, si los independientes se abstienen, si la oposición organiza gabinetes de nombres y escuelas de charlas, y si el expresidente da conferencias afuera sobre lo que no hizo adentro, ¿en manos de quiénes estamos? La respuesta, por ahora, es la más incómoda: en las nuestras. De los que aún preguntan, comparan y no se dejan contar el país a medias.
Apuntes del análisis
