Hay semanas en las que un gobierno se retrata entero. Esta fue una de ellas. No por un escándalo, ni por una declaración desafortunada, sino por tres decisiones tomadas en días consecutivos en tres ministerios distintos que, puestas una al lado de la otra, dicen lo mismo: lo que había se desanda. El protocolo de la protesta, la política agrícola del arroz y el guion del Museo Nacional no tienen nada que ver entre sí, salvo que los tres cambiaron en la misma semana y los tres cambiaron hacia atrás.

1:14 Y la fecha importa: este gobierno lleva dos meses. Dos meses y la gente ya salió a marchar en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué, Manizales, Montería, Santa Marta, Cúcuta, Tunja, Pasto y Armenia. Eso no pasa por casualidad, y tampoco pasa porque alguien lo haya ordenado desde un escritorio.

1:45 La chispa no fue solo el descontento acumulado. Fue el decreto. El gobierno sacó una norma que endurece la actuación de la fuerza pública frente a la protesta, y la sacó justo antes de la jornada de movilización. Lo que logró fue previsible: más gente molesta y más gente en la calle.

2:26 Aquí está el punto jurídico del programa, y conviene entenderlo bien porque no es un detalle de forma. La protesta es un derecho fundamental consagrado en la Constitución. Los derechos no son absolutos: tienen límites, porque sin ellos se convierten en abuso del derecho y terminan pisando los derechos de los demás. Hasta ahí, nadie discute.

El problema es quién pone esos límites. La Constitución es clara: solo la ley —es decir, el Congreso de la República— puede regular el núcleo de un derecho fundamental. No un decreto presidencial. Cuando el Ejecutivo lo hace por decreto, está usurpando funciones de un Congreso que está en pleno funcionamiento y con agenda legislativa abierta. De ahí que el programa sostenga que esa norma debe ir a revisión de la Corte Constitucional y del Congreso.

5:01 Porque esa es la paradoja. El gobierno no habría tenido problema para tramitar esto como proyecto de ley: las mayorías están construidas, empezando por la bancada del Centro Democrático. Lo que no tenía eran los tiempos. Necesitaba algo ya, para el día siguiente. Y lo sacó por decreto.

«Las marchas están politizadas»

6:49 Revisando la prensa del día de las marchas aparecía, una y otra vez, la misma frase en boca de congresistas del Centro Democrático, del Partido Conservador, de Salvación Nacional y de Cambio Radical: que las marchas «estaban politizadas», que tenían «tintes revanchistas», que afectaban la vida en sociedad.

Y la respuesta del programa es de manual: toda marcha es política. Toda expresión ciudadana lo es. Una marcha es, por definición, gente que no está de acuerdo con una postura política del gobierno de turno y sale a decirlo. Cuando estos mismos partidos marcharon contra Gustavo Petro, también lo hacían bajo un enfoque político, y nadie lo presentó como una tara.

Que un partido decida no marchar y apoyar al gobierno es su pleno derecho; eso no se discute. Lo que no cabe es criticar que haya líderes del Pacto Histórico caminando en las marchas cuando ellos hicieron exactamente lo mismo dos años atrás. La pregunta que deja el programa es incómoda y no tiene respuesta decente: ¿la libertad de protesta, de expresión y de libre desarrollo de la personalidad se les aplica solo a los votantes de un candidato y se les niega a los demás?

La prensa y una obligación que casi nadie conoce

10:01 La otra crítica del programa va a los medios. No por tener línea editorial —todo medio la tiene, este incluido—, sino por un dato constitucional que mucha gente desconoce: la Constitución establece que cualquiera puede fundar medios de comunicación, pero también que la prensa tiene una responsabilidad social y que debe brindar información veraz e imparcial. No es una recomendación: es una obligación exigible, y los ciudadanos tenemos derecho a reclamarla.

El reproche concreto es la asimetría. Hay un celo por el trato a la actual primera dama que no existió cuando los insultos iban dirigidos a la esposa del presidente anterior o a la entonces vicepresidenta Francia Márquez; en esos casos el improperio se toleró y a veces se celebró. Esa doble vara no es libertad de prensa: es, en los términos del programa, un abuso del mismo derecho que invocan. Y en vez de investigar por qué miles de personas salieron a marchar contra un gobierno de dos meses, la discusión se desvía hacia quién dijo qué sobre quién.

23:26 Aquí el programa hace una pregunta que vale más que todo el análisis electoral: ¿dónde estuvo el Pacto Histórico reuniéndose con los gremios? Con los arroceros, por ejemplo. Porque el gremio arrocero votó en bloque por Abelardo de la Espriella, le hizo campaña, le creyó. Y hoy está contra la pared.

23:51 Un ministro de Agricultura diciéndole al gremio que su cultivo «no es negocio» no es un consejo técnico: es una política. Y la consecuencia ya se está viendo en el terreno.

24:51 En el Tolima, sobre todo en los alrededores de Ibagué, hay tierras que estaban delimitadas y preparadas para producción agrícola y que hoy se están entregando a proyectos de vivienda. Torres, conjuntos, concreto donde antes había arrozales. Y una pregunta que nadie en el gobierno ha contestado: ¿de dónde va a salir el agua para tanta gente en una zona que ya tiene problemas de abastecimiento?

26:31 El resultado es que un gremio que votó por este gobierno hoy habla de paro nacional. En palabras del programa: les cambiaron las reglas del negocio sin avisarles. Y entonces viene la segunda pregunta, que es la del título de este artículo: ¿dónde está el partido que dice ser oposición? Ni una reunión con los productores, ni un debate de control político sobre soberanía alimentaria, ni un representante a la Cámara del Tolima sentado con la gente de su propia región.

Tolima: del incendio a la minería

29:18 Y hay una capa más. El Tolima fue uno de los departamentos más golpeados por los incendios, un tema que ya trabajamos en un programa anterior con Mónica revisando los focos satelitales. Ahora, el vicepresidente Restrepo anunció que los minerales críticos y las tierras raras del Tolima entran en la prioridad del gobierno y se ofrecerán a inversión estadounidense. Varias de esas zonas tenían figura de protección ambiental.

El punto en común que nadie quiere ver

31:58 Aquí está la propuesta más concreta del programa, y va dirigida justamente a la oposición. Sí, los arroceros son un gremio de derecha. Sí, votaron por Abelardo. Y precisamente por eso hay que hablarles, no a pesar de eso.

Porque hay un punto que une a las dos orillas y se llama soberanía alimentaria: producir en Colombia los alimentos que los colombianos consumen. Sobre ese terreno común se pueden construir proyectos de ley para proteger la tierra con vocación agrícola frente a la presión inmobiliaria, para blindar la producción nacional frente a la desgravación de 2030, para refinanciar deudas. Eso es hacer oposición. Lo otro —esperar a que el gremio se canse solo— no es estrategia, es ausencia.

40:23 Hay además un detalle de lenguaje que el programa rastreó y que vale la pena guardar. El ministro de Agricultura dijo que en Colombia ya no hay campesinos, sino «pequeños empresarios del campo». Esa expresión no es nueva: es textualmente la que usó el comunicado de Presidencia del 14 de marzo de 2007 cuando el Congreso aprobó la ley de Agro Ingreso Seguro, que hablaba de atender «a los pequeños empresarios del campo colombiano». Está en el archivo de la Presidencia y cualquiera puede buscarlo. Cambiar la palabra «campesino» por «empresario» no es un gesto de estilo: es la antesala de a quién se le giran los subsidios.

41:20 El tercer frente se abrió el mismo día de este programa. El presidente visitó el Ministerio de Cultura y anunció «una lucha abierta, total, decidida y patriótica contra el wokismo», al que llamó «uno de los grandes cánceres que amenazan la unidad nacional». Dijo también que no habrá ambigüedad en la materia y que no se la permitirá a ningún funcionario.

Vale detenerse un segundo en ese inventario, porque lo que se descolgó no es un panfleto de partido. La Séptima Papeleta es el origen directo de la Constitución de 1991. El balígrafo es el objeto con el que se firmó un acuerdo de Estado. Son piezas de historia constitucional, no consignas.

El argumento jurídico: esto no es cultura, es religión

43:35 Y aquí viene la parte más sólida del programa. Cuando se sostiene que el Estado debe proteger la religión cristiana porque «ser cristianos es una manifestación cultural de Colombia», se está haciendo una operación que la Constitución no permite. Colombia es un Estado laico con libertad de culto garantizada, y hay una línea jurisprudencial larga de la Corte Constitucional que le prohíbe al Estado tomar partido en asuntos religiosos.

Al Estado colombiano le es indiferente si usted celebra la Navidad, si come carne en Viernes Santo, si celebra la Pascua judía o la cristiana, o si no celebra ninguna. No porque le dé igual la gente, sino porque su razón de existir es servir a todos los ciudadanos sin distinción de raza, origen o credo. Por eso quienes trabajan allí se llaman servidores públicos. Y si alguien elige creer en otra cosa, o elige no creer, no hay nada que corregir.

El programa recuerda además un detalle que desmonta el argumento desde adentro: el diálogo del Estado con las creencias religiosas ya tiene casa, y no es el Ministerio de Cultura. Es la oficina de asuntos religiosos del Ministerio del Interior, cuyo mandato es precisamente tender puentes con todas las confesiones del país. Llevar ese asunto a la cartera de cultura no corrige un vacío: cambia de naturaleza un tema que ya estaba resuelto.

45:21 Sobre el fondo, el programa va más lejos y plantea dos calificaciones jurídicas: que destinar una entidad pública a fines que no le competen configuraría peculado por destinación oficial diferente, y que descolgar obras por su contenido constituye censura y discriminación, con rasgos xenófobos, aporófobos y homófobos.

13:18 Queda la parte más dura del programa, y no va dirigida al gobierno. Iván Cepeda apareció esta semana convocando a las marchas y anunciando un paro más grande. Y el programa lo dice sin rodeos: ese liderazgo no le corresponde.

No por su posición política, sino por su hoja de servicio reciente. Cepeda no hizo campaña presidencial. No dio entrevistas, no fue a debates, se encerró y presentó eso como virtud: una campaña «austera, con fotocopias». Mucha gente votó por él no porque creyera en su proyecto, sino porque le temía al otro. Y aun así perdió.

15:34 Hay un dato que la oposición tiene en la mano y no ha convertido en relato político: Abelardo de la Espriella se eligió sin superar el 50 %. La Constitución no lo exige —gana quien obtenga más votos—, pero el peso político de ese margen es enorme, y es exactamente lo que se está viendo en la calle. Un país partido en dos eligió un presidente que no representa a la mitad más uno, y a los dos meses esa mitad salió a marchar.

17:10 Las preguntas que el programa deja sobre la mesa son verificables y nadie las ha respondido. ¿Cuál ha sido el gran debate de control político liderado desde la curul de oposición en estos dos meses? ¿Cuáles son los primeros resultados del ejercicio de esa curul? ¿Qué ha hecho Aída Quilcué, que fue su fórmula vicepresidencial y a quien él mismo escogió?

19:59 Lo más estructurado que ha producido ese sector es la escuela de formación política de Gustavo Bolívar, con Ángela María Robledo y el propio Cepeda. Es decir: convencer a los convencidos. No es un espacio para la persona que votó por Abelardo y hoy sabe que se equivocó. Para esa persona no hay nada: ni una mano tendida, ni una explicación sin regaño, ni una propuesta.

El diagnóstico del programa sobre ese liderazgo es el sectarismo, y hay un ejemplo concreto. Varios gremios invitaron a Cepeda durante la campaña y no fue. Después de la primera vuelta quiso ir y ya no lo recibieron. Un dirigente que repite que siempre está abierto al diálogo y a la concertación no puede, al mismo tiempo, elegir con quién se sienta según cómo votó.

47:30 Y de ahí la acusación más seria del programa, que no es moral sino estratégica: convocar marchas sin construir nada alrededor es usar a la gente. El estallido social de 2021 les funcionó electoralmente en 2022 y se apalancaron en él. La sospecha, con las regionales de octubre de 2027 a un año exacto, es que se esté buscando repetir la fórmula sin haber hecho el trabajo que la justifica. Si quien convoca no lleva proyectos de ley, ni debates, ni acuerdos con los gremios, lo único que le está pidiendo al ciudadano es que ponga el cuerpo.