Armas y Pensiones
En derecho, las cosas se deshacen como se hacen. Y esta semana el gobierno deshizo por decreto una restricción que llevaba más de una década: la suspensión general del porte de armas. Al mismo tiempo se autorizó usar dinero de un fondo de pensiones para la emergencia del terremoto, y nadie se indignó —los mismos que juraban que Petro venía a expropiar los ahorros—. Se pidió dejar de decir «campesinos» para decir «pequeños empresarios». Y Juliana Guerrero aceptó responsabilidad por sus títulos falsos, mientras casos idénticos en la derecha siguen sin tocarse. Cuatro temas, un mismo hilo.
En derecho, las cosas se deshacen como se hacen. Es un principio que el Cuadrante Alfa viene repitiendo desde que arrancó este gobierno, y esta semana quedó demostrado otra vez: lo que se construyó por decreto se desmonta por decreto. El programa 245, con Mónica en el panel, repasa los temas que dejó la semana y encuentra en todos ellos un mismo hilo conductor: quién decide, a quién se le permite y quién se indigna según de dónde venga la medida.
El porte de armas, el uso de un fondo de pensiones, el lenguaje con el que se nombra a los campesinos y el caso de los títulos falsos. Cuatro asuntos aparentemente distintos que, puestos uno junto al otro, dicen bastante sobre el país que se está gobernando y sobre el periodismo que lo está contando.
Qué dice el decreto y qué mensaje manda
El martes 8 de septiembre el presidente firmó, junto al ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora López, el Decreto 1368 de 2026, que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego. 01:58 Esa suspensión venía desde el gobierno de Juan Manuel Santos y había sido prorrogada mediante el Decreto 1482 de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026. El nuevo decreto la levanta varios meses antes de lo previsto.
Conviene precisar el alcance, porque el debate público se llenó de confusión y aquí interesa la exactitud. Según el contexto noticioso y las aclaraciones del propio gobierno, esto no es el «libre porte» al estilo estadounidense: quien tenga un permiso vigente, expedido por autoridad militar competente, ya no necesita tramitar la autorización especial adicional que exigía la suspensión. Siguen rigiendo los requisitos del Decreto Ley 2535 de 1993, el arma debe estar amparada por el permiso, y las autoridades conservan la facultad de suspender o revocar.
El argumento presidencial: «Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes».
Dicho eso, el reparo del programa no es sobre la letra menuda sino sobre la señal. 15:31 Para el Cuadrante Alfa, lo que comunica esta decisión es que el Estado le está devolviendo al ciudadano la responsabilidad de defenderse a sí mismo. Y ese es precisamente el deber que el Estado no puede delegar: la seguridad es su función más elemental. Si la respuesta a la inseguridad es que cada quien se arme, lo que se está admitiendo es que la institucionalidad renunció.
Mónica aterriza el argumento en la realidad cotidiana: este ya es un país donde una riña callejera escala a bastón, cuchillo o varilla en cuestión de segundos. Y trae el caso reciente de un adolescente que hirió a otro en un colegio de Medellín —con un arma que ni siquiera era de fuego—. Si eso ya pasa, ¿qué escenario se abre cuando haya más armas legales circulando? En Estados Unidos, recuerda, se venden en las vitrinas de los supermercados, y el resultado son tiroteos escolares con una regularidad que allá ya dejó de ser noticia.
— Mónica · Min 02:58
La expropiación que nunca fue y el uso que sí es
Aquí está, para el programa, el doble rasero más flagrante de la semana. 25:40 Durante meses, la campaña contra el gobierno anterior se montó sobre una idea repetida hasta el cansancio: que Petro se iba a robar las pensiones, que iba a expropiar los ahorros de los colombianos. Se llenaron las redes de «no se metan con mi ahorro», con voceros que salían a cada foro organizado por los bancos y los fondos privados a repetir el mensaje.
¿Y qué pasó esta semana? Que se autorizó el uso de recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) para afrontar la emergencia del terremoto. Es decir: se modificaron las reglas de destinación de unos recursos pensionales. Y la indignación no apareció por ninguna parte. Ni de los voceros, ni de los bots, ni de la prensa que hace un año no hablaba de otra cosa.
Y hay una pregunta que el programa deja abierta y que nadie está respondiendo: a un mes del terremoto todavía no se sabe cuántos damnificados hay, cuántas familias quedaron sin hogar, cuántas personas siguen sin techo. Si se van a mover recursos pensionales para atender esa emergencia, lo mínimo es que el país sepa la dimensión exacta de lo que se está atendiendo y en qué se está gastando.
Borrar la palabra: el precedente de Agro Ingreso Seguro
El tercer tema parece menor y no lo es. 32:42 El gobierno pidió dejar de usar la palabra «campesinos» y reemplazarla por «pequeños empresarios del campo», con el argumento de que el término sería despectivo. Y la respuesta del programa es de derecho puro: la palabra campesino está en la Constitución, está en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y está en el ordenamiento como categoría jurídica.
Mónica aporta el antecedente concreto: para el censo agropecuario de 2014, organizaciones campesinas llevaron una demanda ante la Corte Constitucional para que el campesino fuera reconocido como sujeto de derechos. La Corte falló a favor y el DANE tuvo que implementar cambios en el censo para cumplir el fallo. Eso no se borra con una circular de estilo: es una conquista jurídica con sentencia de por medio.
Pero el hallazgo más filoso del programa es histórico. Revisando el archivo de la Presidencia del periodo de Uribe, Andrés encontró el comunicado de la aprobación de la ley de Agro Ingreso Seguro: «garantiza quinientos mil millones anuales… tiene como prioridad atender a los pequeños empresarios del campo colombiano». Exactamente el mismo lenguaje que hoy se quiere reinstalar.
— Andrés Balaguera · Min 35:00
Porque así funcionó aquel programa, que terminó en uno de los escándalos de corrupción más recordados del país: los beneficiarios de los subsidios no eran campesinos sino grandes propietarios que fraccionaban sus unidades productivas en varios predios, creaban una sociedad por cada predio y recibían un subsidio por cada sociedad. «Pequeños empresarios», en el papel. Andrés Felipe Arias, ministro de Agricultura de la época, terminó condenado por la justicia e inhabilitado.
Juliana Guerrero y el rasero que solo se aplica de un lado
El cuarto tema exige una posición clara en dos direcciones, y el programa la toma. 37:43 Según el contexto noticioso, Juliana Guerrero firmó un preacuerdo con la Fiscalía y aceptó responsabilidad por haber presentado títulos universitarios falsos de una fundación universitaria. En el mismo proceso, un juez avaló un preacuerdo que impuso tres años de prisión a un exsecretario de esa institución.
Primera posición: esto era indefendible desde el principio y este espacio lo dijo cuando ocurrió. La promesa de meritocracia del gobierno anterior se rompió el día en que se sostuvo en el cargo a alguien que no cumplía el requisito básico —tener el título—. Dar oportunidades a quien viene de abajo es justo y necesario; sostener a alguien con documentos falsos no es dar una oportunidad, es romper la regla para todos los demás que sí cumplieron. Guerrero merece responder, y el procurador ya anunció que se le investigarán conductas más graves.
Segunda posición, y es la que nadie más está diciendo: el mismo rasero no se aplica al otro lado. El programa enumera casos conocidos de dirigentes de derecha con problemas comprobados en sus títulos o sus tesis —Enrique Peñalosa, la excongresista Jennifer Arias del Centro Democrático, entre otros— que jamás tuvieron el despliegue mediático ni judicial de este caso. Y agrega, con la misma honestidad, que el propio Gustavo Petro tuvo líos con una maestría y un doctorado que presentaba y nunca terminó.
Claudia López, Petro y los tiros en el pie
El cierre del programa fue para una foto: la de Gustavo Petro con Claudia López. 44:25 Y la posición de Mónica fue tajante: no votaría por ella aunque el propio Petro se lo pidiera en nombre de frenar al fascismo. La razón no es un capricho: es un incumplimiento documentado.
López firmó en 2018 varios acuerdos con la cúpula de la Colombia Humana —donde estaban María José Pizarro, María Mercedes Maldonado y Ángela María Robledo, entre otros— y, según el panel, no cumplió ninguno de esos compromisos. El que más se le reprocha es el de la protección de los humedales de Bogotá, una promesa que estaba plenamente en su mano cumplir como alcaldesa y que no cumplió.
Y de ahí sale el diagnóstico con el que cierra la emisión, que es el reproche transversal de este espacio a todo el campo progresista: la izquierda colombiana es experta en pegarse tiros en el pie, en ponerse sus propios palos en la rueda, en perder elecciones y luego buscar excusas. Lo demuestran la campaña de Cepeda, la de Gustavo Bolívar y varias más. Si el Pacto Histórico no resuelve eso con democracia interna real de cara a las regionales, el escenario que se viene es el de una izquierda otra vez dispersa y una derecha neoliberal consolidada —eso sí, con buenas formas y respeto de las apariencias constitucionales—.
El rasero se aplica igual o no es rasero
Puestos en fila, los cuatro temas de esta semana revelan menos sobre el gobierno que sobre el país que lo está observando. Sobre el decreto de armas conviene ser precisos, porque la precisión es lo primero que se pierde en la indignación: no se instauró el libre porte al estilo estadounidense, se levantó una suspensión general que exigía un permiso adicional, y siguen en pie los controles del Decreto Ley 2535 de 1993. Dicho eso, el reparo de fondo sigue intacto y es político, no técnico: la señal que envía un Estado cuando facilita que el ciudadano se arme es que abdicó de su deber más elemental, que es garantizar la seguridad. En un país donde una riña de bar escala a cuchillo en segundos y donde ya hubo un ataque de un menor dentro de un colegio, más armas circulando no es un tecnicismo administrativo: es una apuesta con consecuencias.
Lo de las pensiones es más simple y más revelador. Durante meses el país vivió una campaña de pánico según la cual el gobierno anterior venía a expropiar los ahorros de los colombianos —con voceros pagos recorriendo los foros de los fondos privados y las redes inundadas de «no se metan con mi ahorro»—. Esta semana se autorizó modificar la destinación de recursos del FONPET para atender la emergencia del terremoto y no hubo una sola línea de indignación, ni un solo trino de los mismos que gritaban antes. No se trata de decidir aquí si la medida es buena o mala: se trata de constatar que en Colombia el escándalo no depende de lo que se hace sino de quién lo hace. Y que, un mes después del sismo, todavía no sabemos cuántos damnificados hay ni cuántas familias siguen sin techo, que es la pregunta que sí debería estar en los titulares.
El asunto de los campesinos parece un capricho semántico y es lo contrario: es política pública disfrazada de corrección del lenguaje. La palabra campesino está en la Constitución, la Corte lo reconoció como sujeto de derechos y el DANE tuvo que rehacer un censo entero para cumplir ese fallo. Reemplazarla por «pequeños empresarios del campo» no es dignificar a nadie: es devolver el lenguaje exacto de Agro Ingreso Seguro, aquel programa donde los subsidios para el campo terminaron en manos de grandes propietarios que fraccionaban predios y creaban una sociedad por cada uno para cobrar varias veces. El ministro de entonces terminó condenado. Que hoy se quiera reinstalar ese mismo vocabulario debería encender todas las alarmas, porque quien borra la categoría jurídica está preparando el terreno para que el beneficio lo reciba otro.
Y queda el caso de los títulos, que es donde este espacio quiere ser más claro que nadie. Juliana Guerrero aceptó su responsabilidad y debe responder: sostener en un cargo público a alguien con documentos falsos fue indefendible cuando ocurrió y sigue siéndolo hoy, y ese episodio quebró la promesa de meritocracia del gobierno anterior con nombre propio. Pero el mismo rasero tiene que caer sobre Peñalosa, sobre Jennifer Arias, sobre quien sea, y sobre el propio Petro y su maestría inconclusa. Cuando la justicia corre a una velocidad para unos y a otra para otros, y la prensa despliega portadas según el color del implicado, lo que se erosiona no es una reputación: es la idea misma de que la ley es igual para todos. Aquí no se hace porra de ningún lado, y por eso lo decimos completo: exigimos condena para todos, y silencio para ninguno.
Apuntes del análisis
